• La denuncia, presentada por Fevitur, a instancias de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia (AVAEC), destaca que se vulnera el Derecho comunitario por ir contra la libertad de establecimiento
• Se solicita la actuación de la Comisión Europea para que investigue la adecuación de las restricciones del Ayuntamiento a los principios comunitarios, para acabar con la actual situación de inseguridad jurídica .
Valencia, 31 de enero de 2020. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha presentado esta mañana, ante la Secretaría General de la Comisión Europea, a instancias de la Asociación de Viviendas de Alquiler para Estancias Cortas de Valencia (AVAEC), una denuncia en defensa de las viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana, por las restricciones que la actual legislación autonómica y municipal imponen a la prestación del servicio de este tipo de alojamiento en la ciudad de Valencia. La denuncia es una ampliación a la que Fevitur presentó en septiembre de 2016 ante el mismo organismo.
En la denuncia se pone de manifiesto el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de València de la Disposición Adicional Segunda a la Ley 15/2018, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, que permite que las viviendas de uso turístico se localicen indistintamente en suelo residencial o terciario en tanto no exista normativa municipal que ordene las zonas urbanísticas determinando su compatibilidad o incompatibilidad con el uso dominante, vulnerando el Derecho comunitario, por no respetar los límites de la Directiva de Servicios e impidiendo el acceso de los operadores a la prestación de servicios y vulnerando la libertad de establecimiento, derecho fundamental de la Unión Europea.
En la actualidad, la ciudad de Valencia no dispone de una regulación específica de las viviendas de uso turístico en su Plan General de Ordenación Urbana. El Plan General vigente fue aprobado definitivamente por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes el 28 de diciembre de 1988 (BOE y BOP 14-1-89; DOGV 16-1-89), y no contempla el uso de vivienda turística como uso o sub-uso diferenciado al resto de usos considerados, de manera que, en virtud de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 15/2018 se permite la localización de las viviendas de uso turístico en suelo residencial y en suelo terciario, no existiendo, por tanto, ningún obstáculo previsto por una norma de rango legal que pueda amparar la denegación del informe de compatibilidad urbanística previsto en el artículo 65 de la Ley 15/2018. Pese a ello, el Ayuntamiento de Valencia –desobedeciendo las normas antedichas- no está emitiendo los preceptivos informes de compatibilidad urbanística que obligatoriamente deben presentar los operadores interesados para acceder a la prestación del servicio de vivienda de uso turístico. Desde AVAEC, se considera que “la omisión consciente, premeditada y voluntaria del Ayuntamiento de Valencia supone, de facto, la imposibilidad para los operadores que así lo deseen de acceder a la prestación del servicio, pues se ven privados de la obtención de uno de los documentos necesarios para ello”. La regulación municipal ha generado, en definitiva, en la ciudad de València una profunda inseguridad jurídica producto de la excesiva e innecesaria concurrencia de normas turísticas y urbanísticas –que, a menudo, resultan contradictorias entre sí- y de algunos pronunciamientos judiciales que contradicen el Derecho comunitario y la jurisprudencia interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE).
La denuncia presentada esta mañana destaca que, hoy más que nunca, se hace necesaria la intervención de la Comisión Europea para lograr un marco jurídico homogéneo a nivel nacional que permita el desarrollo de la actividad en condiciones de libre mercado e igualdad. Desde AVAEC se lamenta que las actuales restricciones a las viviendas de uso turístico, a las que la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, se ha referido como ‘una actitud valiente’, además de ser absolutamente injustas e injustificadas –tal y como se desprende del propio Plan Estratégico de Vivienda del Ayuntamiento, que minimiza el impacto en el precio de este tipo de viviendas-, no parten de un diagnóstico previo real y participativo y “muestran la voluntad deliberada de acabar con este sector” y de culpar a esta actividad de un encarecimiento de la vivienda de alquiler que, en realidad, tiene su origen en la inexistencia de actuaciones del Ayuntamiento para incrementar la oferta de viviendas públicas a lo largo de los últimos años. AVAEC ha mostrado, además, su desacuerdo con el deliberado discurso, por parte de los representantes del gobierno municipal, que insisten en ‘culpar’ a las viviendas de uso turístico del aumento de los precios de la vivienda de alquiler o el descenso de los comercios de barrio.